Destruir la Educación, la Ciencia y la Tecnología es destruir la Nación
En 2024 el sistema universitario y de ciencia y tecnología argentino fue objeto de una política de estrangulamiento financiero y de destrucción del salario de sus trabajadores.
Por amplia mayoría en ambas cámaras, el Congreso de la Nación sancionó la ley de financiamiento universitario que de sostenerse repararía el deterioro provocado este año.
El presidente Milei, no solo anunció su veto, sino también presentó al Congreso el proyecto de presupuesto 2025 que en su artículo 27 establece lisa y llanamente un ataque frontal a la educación y a las instituciones universitarias y científico-técnicas de Argentina.
“ARTÍCULO 27.- En el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Nº 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, suspéndese para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional y del inciso 1 del artículo 4º de la Ley Nº 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”.
El artículo 27 suspende los siguientes artículos:
• Artículo 9 de la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206 donde se establece que el presupuesto del Estado nacional, las provincias y CABA destinado a educación no será inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI).
• Artículos 5, 6 y 7 de la Ley Nro. 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto y los recursos destinados.
• Artículo 52 de la Ley Nro. 26.058 de Educación Técnico Profesional que establece que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional.
• Inciso 1 del artículo 4º de la Ley Nro. 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa donde se establece un 0,8% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional.
Bajo la premisa de ajuste fiscal y déficit cero, el gobierno nacional ajusta a las y los trabajadores y jubilada/os y desfinancia la educación pública en todos sus niveles y el desarrollo de la ciencia y tecnología para priorizar el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el curro de quienes se beneficiaron especulando financieramente y fugando divisas, y que ahora han sido beneficiados con quitas de impuestos y blanqueo de los dólares evadidos.
