¡Con las pensiones para discapacidad no!

El pasado domingo 7 de abril, el tradicional diario representante de la derecha liberal La Nación, publicó una editorial titulada “Pensiones por invalidez: una estafa vergonzosa”, mediante la que claramente se intenta colaborar en la instalación en la opinión pública de una falacia aberrante: que las personas con discapacidad están estafando al Estado.

No es la primera vez que se riegan sospechas para justificar las quitas de las pensiones desde el 2016.  Como todos los argentinos, las personas con discapacidad pagan servicios de luz, de agua y/o de teléfonos de hasta más de 5000 pesos en muchos casos y la pensión por discapacidad es 6000 pesos en el mejor de los casos.

El gobierno nacional, a través de los medios de comunicación afines, insiste en fogonear a la opinión pública acerca de que las pensiones por discapacidad se incrementaron durante la anterior gestión con el objetivo de favorecer un sistema electoral clientelista, y no como una política de justicia social que tiende a garantizar y a equipar las condiciones de vida de las personas con discapacidades. Tal generalización es absurda y absolutamente falsa.  

Son, justamente, las políticas de esta gestión las que crean las condiciones para que existan más discapacidades como consecuencia de sus medidas económicas, por la falta de vacunas, de alimentación durante el embarazo, de control en la fumigación de los campos agropecuarios amigos del gobierno, de políticas públicas para la detección temprana de la discapacidad en los y las niñas, por supuesto degradando a Secretaría el Ministerio de Salud, y la lista sigue.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) decimos: No a la quita de pensiones para discapacidad, no a quita de subsidios, no ajusten a los que más necesitan.

Genuflexo y funcional a las órdenes del FMI de achicar a cualquier costo el gasto público sin tocar la rentabilidad de los grupos concentrados de la economía, desde el gobierno y sus asociados buscan la forma de menoscabar a los poseedores de las pensiones eliminando su derecho adquirido a asistencia estatal. Pero la sociedad que no participa de esta fiesta para pocos no debe permitirlo.